Pobladores demandan consulta e informes sobre el impacto de Santa Lucía

Habitantes de Tecámac y Zumpango solicitaron el martes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la consulta y la reunión pública de información sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Ahora, la dependencia debe determinar si realiza estos actos.

Además, la Unión de Pueblos Originarios por la Defensa de la Tierra y el Agua pedirá que se consulte a las comunidades nativas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y presentará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja por violaciones que ocasionaría al derecho al medio ambiente sano y al agua.

Ricardo Ovando, miembro de ese organismo, detalló que también se pidió una revisión de la MIA, ya que la consulta pública sólo pueden pedirla ciudadanos de la localidad; firmaron la solicitud alrededor de 20 personas de Tecámac y Zumpango.

Explicó que la petición se hizo a partir de que la situación de esa región del estado de México se agravó por la urbanización que se dio con el proyecto de Ciudades Bicentenario del gobierno de la entidad, ya que en la cuenca del Valle de México hay un serio problema de agua, lo cual desde principios de este siglo han advertido diversos expertos.

Señaló que hay estudios de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo que señalan impactos ambientales por el calentamiento que ocasiona la urbanización y el hecho de que la base aérea de Santa Lucía, donde se prevé la construcción del aeropuerto, está sobre el lecho de un antiguo lago, con características similares al de Texcoco.

También se presentaron los estudios de disponibilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que señalan que de 2005 a la fecha, el déficit del acuífero pasó de menos 40 millones de metros cúbicos a menos 106 millones, cantidad que serviría para llenar 106 veces el estadio Azteca.

Sobre la consulta pública hecha a finales de octubre, aseveró: es como una encuesta de opinión. El Convenio 169 de la OIT define estándares para que sea libre, previa e informada, no a mano alzada.

De acuerdo con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, el artículo 6 del Convenio 169 obliga a hacer una consulta antes de emitir un acto administrativo o legislativo susceptible de afectar derechos e intereses de los pueblos. Hace unas semanas señaló que se establecerían procedimientos, principios y metodologías para hacer dichas encuestas en el contexto de planes y proyectos de la administración pública.

Ovando detalló que cuatro académicos revisan la MIA: Alejandro Alvarado, doctor en planeación urbana de la Universidad Autónoma del Estado de México; Oliver Hernández, especialista en ciencias políticas de la misma institución, Hernán Correa y Sócrates Galicia. (La Jornada)

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