Individualización de los programas sociales

Las organizaciones campesinas son, por definición, estructuras sociales que responden a los intereses de sus miembros. Algunas, sobre todo las arropadas por los gobiernos priístas, agotaron su propósito en el clientelismo electoral. Otras, surgidas como alternativas de izquierda, y que ahora conforman el Frente Auténtico del Campo (FAC), luchan por la organización social y económica de hombres y mujeres de la sociedad rural para defender la propiedad social, la agricultura campesina y promover el desarrollo rural sustentable.

En contra de lo que establece la economía clásica  de búsqueda de beneficio personal,  la economía social busca maximizar el beneficio común. Es decir, el beneficio más igualitario para toda la sociedad. Esto supone que las prácticas económicas están fincadas en el cooperativismo que amplía los canales de participación, extendiendo el diálogo social y profundizando valores como la solidaridad y la confianza.

La gestión de proyectos productivos bajo este esquema ha demostrado ser muy exitoso en lo económico y social. La sinergia entre los productores y las autoridades es un instrumento eficaz para potenciar la capacidad productiva del campo en México y hacer rentable la actividad campesina.

El modelo de organización económica es el cooperativismo para fortalecer la economía social solidaria. Ejemplo de ello son la empresa constituida por pequeños productores de mango de la costa de Guerrero y la cooperativa de los pescadores ribereños de Baja California, ambos impulsados por la CODUC. Estos proyectos también contribuyeron a mejorar las condiciones de seguridad y paz social en esas regiones.

A diferencia de otros países donde la economía social resulta muy útil para combatir la pobreza en zonas rurales, en México vemos con desaliento que se propone regresar al esquema de la individualización de los programas sociales con un propósito meramente asistencial, que soslaya la importancia de la organización campesina para alcanzar numerosos objetivos comunitarios en el desarrollo rural.

Sorprende, por decir lo menos, que la Cuarta Transformación del presidente López Obrador proponga políticas públicas que, en contextos neoliberales, son esencialmente disgregadoras. Su naturaleza cortoplacista y su focalización en los individuos, desalientan la organización social que permite la inclusión en un entramado político y social. Así, la subsidiariedad convierte a la política social en un ejercicio esencialmente fragmentado y excluyente.

Diversos estudios muestran que este tipo de políticas hacia los pobres establecen relaciones de dependencia con los servicios sociales al igual que adulación y admiración desproporcionada hacia quienes ejercen labores públicas.

El riesgo de la individualización de los apoyos a quienes tienen mayores carencias económicas es que la pobreza ya no se observa como un problema estructural sino como una circunstancia personal atendible por el Estado. En este contexto, tiene sentido la desafortunada expresión del presidente de que “atender a la gente pobre es un acto de justicia, equivalente a darle de comer “a los animalitos”.

En el parteaguas de la Cuarta Transformación son bienvenidas las iniciativas para llevar apoyos a los productores de menores ingresos y los programas que impulsan la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, el diseño de la nueva política hacia el campo debe considerar las propuestas de las organizaciones campesinas que, en uso de su derecho a disentir, plantean una visión distinta del desarrollo rural.

En el debate de los temas nacionales, la descalificación y rechifla no son recursos válidos. En todas las sociedades democráticas sucede, no todos están de acuerdo con todo, es natural y es sano, lo demás son desafortunados excesos retóricos. (Marco Antonio Ortiz Salas, Secretario General de la CODUC)

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