El gobierno no sólo debe escuchar a concesionarias en tema del agua, exigen

El Consejo Consultivo para el Agua, integrado por empresas con altos consumos del líquido, como cerveceras y refresqueras, impulsa un pacto social en materia hídrica con el gobierno federal para mantener el actual sistema de concesiones y la legislación, y se ostenta como único interlocutor, señaló la coordinadora nacional Agua para Todos, que integra académicos, movimientos locales y organizaciones en defensa del recurso.

El consejo impulsa dos foros regionales y dos nacionales, a realizarse entre febrero y marzo, uno de los cuales comenzó este jueves en Pátzcuaro, para tratar temas institucionales y jurídicos, lograr la aplicación del derecho humano al agua, rediseñar políticas públicas y regulaciones, impulsar la planificación hídrica y proyectos estratégicos de inversión pública, y la institucionalidad ideal para gestionar el agua, de acuerdo con el temario que se divulgó.

Ante ello, la coordinadora hizo un análisis de las empresas que integran el consejo consultivo, y encontró que, por el lado energético están Petrobal, dirigida por Jaime Lomelín Guillén; Constellation Brands, representada por Édgar Guillaumin, principal fabricante de cervezas en América del Norte, y que tenía previsto utilizar 20 mil millones de litros de aguas subterráneas al año en la zona declarada con grave déficit hídrico en Mexicali, lo que ha provocado movilizaciones de la población.

También está Grupo Lala, cuyo director es Eduardo Tricio Haro, y a quien la coordinadora ubica como el principal beneficiario de “la grave sobreexplotación de las cuencas y acuíferos de La Laguna. Coca Cola de México, con su director de asuntos públicos, William Hidalgo, la cual se ha beneficiado de concesiones de aguas nacionales en zonas donde la población carece de acceso al líquido, indicó la organización.

Agua para Todos sostuvo que estos intereses pretenden erigirse como los representantes únicos de la sociedad civil, en un proceso que excluye a pueblos originarios, investigadores, núcleos agrarios y comunidades afectadas por la sistemática violación de sus derechos debido al marco legal e institucional de la Ley de Aguas Nacionales y de la Conagua durante sus 30 años de existencia. (La Jornada)

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