En Hidalgo exigen agua y la renuncia de munícipe

Pachuca, Hgo., Unos 600 pobladores de Santa María Nativitas, comunidad del municipio de Cuautepec, que padecen escasez de agua por la contaminación de un manantial con hidrocarburos proveniente de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), protestaron ayer frente al palacio de gobierno estatal para exigir dotación del líquido.

Pidieron la destitución de la alcaldesa priísta Haydeé García Acosta, a quien acusaron de no mandar pipas suficientes y de pretender despojarlos de la administración del sistema de aguas de la localidad, en represalia por las manifestaciones que han realizado para exigir el envío de camiones cisterna.

Luego de cerrar los accesos a Cuautepec entre la noche del lunes y la madrugada del martes, vecinos de Santa María se trasladaron a Pachuca y protestaron en la Plaza Juárez, ante el palacio de gobierno. ¡Fuera Haydeé!, ¡Presidenta ratera!, y ¡Queremos agua!, se leía en las pancartas.

 

Aarón Villar Arroyo, director del organismo operador de agua de Santa María, explicó que la principal inconformidad de los lugareños es por la negativa de la alcaldesa a enviar pipas suficientes a un depósito de 250 mil litros que abastece a los casi 6 mil pobladores.

Hace días el organismo de agua local suspendió el servicio al confirmarse la presencia de escurrimientos de hidrocarburos provenientes de tomas clandestinas provocadas por huachicoleros. El ayuntamientos envía sólo dos pipas diarias.

Haydeé García visitó la comunidad el pasado fin de semana, pero sólo fue a decir que todo estaba bien y la gente la corrió, dijo Villar Arroyo.

Según habitantes de Santa María, presuntos funcionarios municipales que no mostraron documentos oficiales irrumpieron el lunes en las oficinas del sistema operador y se llevaron 15 mil pesos, muebles, computadoras y documentos.

La alcaldesa informó que ese material quedó en resguardo y Aarón Villar fue destituido por cometer un supuesto fraude de 133 mil pesos. Sin embargo, el director del organismo operador sostuvo que no hubo ilícito.

Luego de varias horas, una comisión de manifestantes y representantes del gobierno estatal acordaron nombrar a un administrador interino del órgano operador, realizar una auditoría al organismo y enviar 10 pipas diarias al poblado. (La Jornada)

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