Lamentan ex braceros que la Corte liberara al gobierno de las deudas

Ex braceros y sus representantes legales señalaron este jueves que fue lamentable la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes si bien les concedieron un amparo, liberaron de responsabilidad a los titulares del Ejecutivo y de Gobernación de la administración pasada acerca de los adeudos con los ex trabajadores, y sólo ordenaron a la dirección del fideicomiso que conteste respecto del dinero adeudado.

No obstante, dicha instancia expuso que carecía de facultades y competencia legal para dar respuesta a la petición que los ex braceros formularon directamente al entonces presidente Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa, expresaron su inconformidad con la sentencia emitida el 31 de octubre pasado, porque con ella, afirmaron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió la violación al artículo 5 constitucional, que establece que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Porfirio Martínez, abogado de los ex braceros, expuso que a diferencia de cómo actuaron los ministros en la defensa de sus percepciones al fallar en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en este caso les faltó objetividad, exhaustividad e imparcialidad.

Los adeudos incluyen a 5 mil 600 ex braceros que ganaron el recurso. En un principio eran 4.6 millones de trabajadores que fueron a trabajar a Estados Unidos entre 1942 y 1964, a quienes descontaban por concepto de fondo de ahorro 10 por ciento de su salario semanal.

Martínez, Rodrigo Pérez, Pablo Robles Flores, Efraín Arteaga Domínguez, Rosa Martha Zárate y Bernardino López señalaron que confían en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de establecer mesas de negociación con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Esperamos que el gobierno de López Obrador tenga otra actitud, sea respetuoso y cumpla con devolverle el dinero a los ex braceros.

Informaron que dado que se agotó el procedimiento en el país, acudirán a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (La Jornada)

 

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