Repudian proyectos de mineras en Oaxaca

Oaxaca, Oax., Representantes de 52 comunidades indígenas de Oaxaca demandaron la cancelación de 322 concesiones y 41 proyectos mineros en territorio estatal, por los daños que han causado al medio ambiente y al tejido social.

Esta demanda se planteó en el juicio popular comunitario contra el Estado y las empresas mineras realizado el 11 y el 12 de octubre, y el veredicto fue dado a conocer este lunes frente al palacio de gobierno estatal.

 Neftalí Reyes, del Colectivo en Defensa del Territorio, explicó que exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que detenga los proyectos, pues fueron impuestos a comunidades indígenas, en una clara violación a su derecho a la libre determinación.

Señaló que las mineras implicadas, la mayoría canadienses, han ocasionado afectaciones irreversibles a los ecosistemas, criminalización de autoridades y defensores de las comunidades, fractura del tejido social e inseguridad generalizada en las regiones donde operan.

Destacó que el gobierno concesionó más de 5 por ciento del territorio oaxaqueño, es decir, 462 mil 974 hectáreas, sin consulta previa. Acotó que hay proyectos en 90 municipios; cada permiso es por 50 años y pueden ser renovados por un plazo igual.

Piden parar concesiones hasta que se reforme la ley

El informe del juicio popular detalla que hasta 2017 se tenían registrados 42 proyectos mineros, a cargo de 38 empresas con sedes en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. De éstos, 36 están en etapa de exploración, dos en desarrollo, uno fue postergado y dos ya están en fase de explotación comercial. Estos últimos han sido catalogados por el gobierno estatal como los de mayor importancia en Oaxaca, con una inversión de 6 mil 382 millones de pesos entre 2011 y 2015, recursos que, según Reyes, no se ven reflejados en las comunidades donde operan.

De igual manera, demandaron al gobierno federal no entregar más títulos de concesión hasta que se apruebe un nuevo marco jurídico que dé garantías a los pueblos indígenas, como estipulan tratados internacionales y la misma Constitución federal. (La Jornada)

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