Reconoce el TSA a rarámuris la posesión legal de 32,832 hectáreas

Chihuahua, Chih., El Tribunal Superior Agrario (TSA) reconoció por unanimidad a indígenas rarámuris la posesión legal de 32 mil 832 hectáreas de Choréachi, municipio de Guadalupe y Calvo, en el sur de la entidad, informaron Porfirio Ramos y Macario Ramos Durán, gobernadores tradicionales de esa comunidad, además de Isela González Díaz, directora de la Alianza Sierra Madre AC (ASMAC).

Detalló que a finales de agosto pasado el TSA, con sede en la Ciudad de México, resolvió por unanimidad el recurso de revisión 357/2007-5, que revocó la sentencia de primer grado que emitió el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito de la ciudad de Chihuahua.

Apenas el pasado jueves les fue notificada la sentencia en la cual el TSA reconoce que la comunidad indígena de Choréachi tiene derecho a su territorio y a sus bienes naturales, tras demostrar que éstos eran preexistentes al ejido Pino Gordo y a las comunidades agrarias de Coloradas de los Chávez y Tuáripa, que suman 32 mil 832 hectáreas.

El conflicto se inició en 2007, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrerio, Territorial y Urbano intervino de manera ilegal y sobrepuso al territorio rarámuri los linderos de la comunidad mestiza Colorada de los Chávez, con el supuesto de que Choréachi estaba dentro de ese territorio. Así, los particulares pidieron permisos de explotación forestal.

Debido a los alcances de esta sentencia, los comuneros pidieron a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Gobernación federal reforzar la protección para los habitantes de Choréachi y los integrantes de Alianza Sierra Madre ante posibles represalias. Recordaron que el año pasado fueron asesinados el activista rarámuri Juan Ontiveros Ramos e Isidro Baldenegro López, ganador del Premio Goldman de Medio Ambiente por su defensa de los bosques.

Ernesto Palencia Gómez, representante de la comunidad, explicó que esta resolución implica que otras comunidades y empresas ya no podrán explotar el bosque y dijo esperar que las instituciones del Estado mexicano ‘‘dejen de litigar contra los pueblos indígenas’’.

Agregó que esta sentencia sentará precedente y abrirá las puertas al reconocimiento de la propiedad comunal para más pueblos indígenas. (La Jornada)

 

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