Dan amparo contra obra minera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a residentes del poblado sonorense de Bacanuchi contra la omisión del Gobierno federal de realizar una consulta previa para autorizar la construcción de una megapresa de jales en la mina Buenavista del Cobre, que opera el Grupo México.

Por cuatro votos contra uno, la Segunda Sala de la Corte concedió la protección de la justicia a 44 de los alrededor de 220 habitantes de la comunidad del municipio de Arizpe que impugnaron la licencia ambiental otorgada por la Semarnat en julio de 2013 para realizar la obra en Cananea.

“Se debió consultar a los integrantes de la comunidad de Bacanuchi previo a la emisión de la autorización otorgada para construir y operar una presa de jales mineros, en aras de cumplir con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, afirmó la mayoría de Ministros.

La ampliación de la presa de jales, que sirve para concentrar los desechos de los procesos mineros, ocuparía un polígono de 6 mil 535 hectáreas, con una cortina de 200 metros de altura, por lo que sería el cuerpo de agua más grande de Sonora. Para la organización civil PODER, que llevó el caso en representación de los Comités de Cuenca del Río Sonora, y que se creó a raíz del desastre ambiental minero de 2014, el fallo es tomado con cautela, porque todavía no se conoce la sentencia definitiva.

No obstante, indicó que es un precedente para los casos de las comunidades afectadas por megaproyectos. Aunque la Corte no detalló los efectos del amparo, en estos casos, por lo general, los Ministros obligan a la Semarnat y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar una consulta, ajustándose a parámetros que han fijado, ya que no hay ley secundaria que regule este derecho constitucional. (Reforma)

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