Intereses económicos dificultan prohibición minera en Áreas Naturales Protegidas

La actividad minera en Áreas Naturales Protegidas (ANP) supone uno de los mayores riesgos que existen para el patrimonio natural que éstas protegen. No obstante, realizar la prohibición resulta sumamente complicado, dijo en entrevista Sergio Graf Montero, Premio al Mérito Ecológico 2018.

El investigador de la Universidad de Guadalajara consideró que los principales problemas son los intereses económicos y, en términos legales, la actual Ley de Minas, que ha impedido ejecutar medidas contra la explotación en dichas áreas las veces que se han tratado de implementar en el Congreso de la Unión.

Según expuso el experto, la única forma de hacerle frente al problema es por medio de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un estudio técnico-científico de carácter preventivo y de planeación que permite identificar los efectos que puede ocasionar una obra o actividad sobre el medioambiente.

Sin embargo, los resultados de los estudios son inciertos porque, según apuntó el experto, muchas instancias de Gobierno están en contra de la prohibición y ponen trabas.

Uno de los casos que ejemplifica esto es el del ANP “Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán”, la cual Graf dirigió durante 9 años y en la que se quiso establecer una prohibición que finalmente no se materializó, pues “a la hora de establecer la manifestación de impacto ambiental fue imposible”, misma situación que se ha repetido en todo el país.

El especialista agregó también que, aunque los actores locales pueden estar de acuerdo en prohibir actividades mineras, “el lobby de esa industria es poderoso y detiene todas las tentativas”.

A juicio de Graf, la incompatibilidad de la moderna minería industrial con las áreas protegidas es evidente, pues “toda la minería que se hace ahora es a cielo abierto, y eso es muy peligroso para las reservas”, ya que implica remoción de la biósfera como tal para poder extraer los metales. (Crónica)

 

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