Exigen expertos aclarar cese de auditora que encontró desvíos en Sedesol y Sedatu

La controversia generada por el cese de la directora general de auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Muna Dora Buchahin, tiene como trasfondo el análisis que realizó la unidad a su cargo de diversas irregularidades en el manejo de los recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los cuales involucran tanto a la actual titular de este último organismo, Rosario Robles, como al candidato presidencial priísta, José Antonio Meade.

Diversos análisis realizados por la ASF en las cuentas públicas de 2012 a 2015 dejan ver que ambas dependencias de gobierno incurrieron en desvíos de fondos, utilizando para ello universidades estatales que redirigían el dinero a empresas fantasma o que simplemente no tenían la capacidad suficiente para cumplir las tareas requeridas en varios proyectos.

Un ejemplo de ello es que en el examen financiero y de cumplimiento 277-DS, correspondiente al análisis de la cuenta pública de 2015, el ente fiscalizador detalló que la Sedesol otorgó de manera directa a la Universidad Intercultural del estado de México 124 millones de pesos para que aplicara una serie de cuestionarios sobre pobreza extrema en el país.

Sin embargo, la ASF documentó que la dependencia, en ese entonces dirigida por Rosario Robles, no pudo entregar las cotizaciones que en teoría había hecho con otras instituciones de educación superior para definir la opción más conveniente. Además de ello, la casa de estudios beneficiada subcontrató a dos empresas para realizar el trabajo, pero sin que hubiera evidencias de que éste se llevó a cabo.

También en 2015, la secretaría encargada de abatir la pobreza y el rezago firmó convenios con las universidades Politécnica de Texcoco, Tecnológica del Sur del estado de México y Tecnológica de Nezahualcóyotl, a las cuales les otorgó más de 600 millones de pesos para monitorear el funcionamiento de comedores comunitarios.

Al momento de revisar el trabajo encomendado, la ASF descubrió que lo realizaron terceros y había firmas falsificadas y fotografías repetidas de lugares supuestamente distintos.

Académicos especialistas en temas de corrupción y transparencia coincidieron en que el cese de Muna Dora Buchahin envía un mensaje muy negativo de que quienes investiguen esos casos van a sufrir las consecuencias, y siembra dudas sobre el desempeño futuro de la ASF, ya que aún no se ha comprobado que el despido se basara en pruebas claras del supuesto conflicto de intereses en que incurrió.

Issa Luna, coordinadora del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó el alto nivel de Buchahin en materia de lucha anticorrupción, e indicó que su separación del cargo parece ser un castigo por indagar desvíos millonarios de recursos.

 

Represalia

Al no haber claridad sobre el conflicto de intereses del que la acusan, su despido tuvo la característica de una represalia. Es terrible que el cese de una persona central en estas investigaciones no esté basado en argumentos y pruebas evidentes, aseveró.

Por su parte, Javier Martín Reyes, profesor asociado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, manifestó que la salida de Buchahin es una pésima señal, porque se puede interpretar como un mensaje de que no se sigan realizando estas auditorías. Siempre serán preocupantes estas salidas, máxime cuando no se tiene certeza de si hubo o no irregularidades, cuando esto debería quedar plenamente acreditado.

No es un asunto menor; debe quedar claro si se consumó o no el potencial conflicto de intereses de que se le acusa. Preocupa quehasta ahora no se cuente con elementos del conocimiento de la opinión pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las remociones que se han realizado en la ASF, indicaron los colectivos.

La ASF respondió que con la llegada de su nuevo titular, David Colmenares Páramo, la institución eligió un proyecto que requiere de innovación institucional, mediante una restructuración que busca aumentar su impacto en el Sistema Nacional Anticorrupción y que sus funcionarios no tengan negocios relacionados con las actividades que desempeñan. (La Jornada)

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