Ven uso clientelar de política social

Con una política social fracturada en más de 6 mil 500 programas sociales federales, estatales y municipales, especialistas advierten uso clientelar de los apoyos. Guillermo Cejudo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que sólo el 13 por ciento de esos programas reportan presupuesto y tienen reglas de operación, por lo que 87 por ciento se maneja de forma opaca y discrecional.

“La fragmentación es eficaz para el clientelismo, es con lo que el Estado compite con la Federación, o con lo que el municipio compite con el Estado”, indicó durante el foro “La marginación en México: retrospectiva de una década”. Los miles de programas sociales generan duplicidad, vacíos en la atención, incoherencia, altos costos de operación e ineficacia en la resolución del problema de la pobreza, agregó el investigador.

Incluso, aunque todos los programas fueran efectivos, señaló serían redundantes porque no se conoce qué apoyo se otorga a qué persona. Además, agregó la mayoría de los programas sociales cuentan con un presupuesto menor a los 10 millones de pesos, lo cual limita a un mínimo su alcance e impacto en la población.

Ante la próxima elección presidencial, el 1 de julio, Cejudo instó a diseñar una nueva política social integrada, con un padrón único de beneficiarios que sirva como instrumento de gestión. Por su parte, Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) consideró que sólo debería haber cuatro grandes programas sociales que aseguren el acceso a la salud, la educación, la seguridad social y a una transferencia de ingreso.

“Puede ser una transferencia mayor si las personas están en pobreza, puede ser una transferencia aplicable específicamente al caso de desempleo o para complementar los pagos de una solicitud de vivienda”, ejemplificó de la Torre.

Con un adecuado registro de cada persona y sus necesidades, abundó, se podrían auditar las transferencias otorgadas, determinar quién necesita el gasto y en qué rubro. Implementar una renta ciudadana o ingreso universal básico cambiaría la relación clientelar por una donde los mexicanos hagan valer sus derechos, aseveró Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam México.

Aseguró que ello fortalecería los derechos de las personas y cambiaría la relación de poder entre ciudadanos y funcionarios, ya que no podrían manipularlos mediante el ofrecimiento de programas sociales. “Si no damos un enfoque de derechos, vamos a seguir metidos en esquemas que son susceptibles a la corrupción y el clientelismo, en esquemas que son muy caros y que no tienen resultados”, alertó. (Reforma)

 

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