Falla protección para jornaleros

A pesar de las denuncias sobre explotación laboral y trata de personas de que son víctimas las familias dedicadas al trabajo agrícola, las inspecciones por parte de las autoridades siguen siendo mínimas, advirtió Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar un estudio en la materia, indicó que el 27 por ciento de las autoridades de trabajo federales y estatales no realiza inspecciones en los centros de trabajo y 15 por ciento no protege a los menores de edad en los campos agrícolas. Para vigilar la situación de más de 5 millones de trabajadores agrícolas, detalló, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) solo cuenta con 752 inspectores, mientras que 60 por ciento de las entidades tiene menos de 10 inspectores.

“Hemos constatado que muchos avisos para las inspecciones llevan a que se saque a la población o se dé una maquillada. Se hace la inspección y se anota que no hay niños ni condiciones precarias”, acusó Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas

Durante la presentación del “Estudio sobre la intervención de las autoridades del trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas”, denunció que existen “mercados de gente” donde los reclutadores encuentran jornaleros a quienes llevan a trabajar a los campos sin mediar un contrato laboral.

Además, señaló, las familias jornaleras duermen en espacios poco dignos, no cuentan con guarderías, carecen de acceso a la salud y están expuestas a redes de reclutamiento forzado, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

Según el estudio, 24 autoridades del trabajo no han colaborado en investigaciones penales por delitos contra los jornaleros y sus familias. “Las y los inspectores del trabajo no consideran que tienen obligaciones relacionados con la detección y denuncia de posibles casos de trata de personas, y que los que sí las identifican, no cuentan con el apoyo institucional”, lamentó el ombudsman Luis Raúl González.

La CNDH consideró que el primer paso a dar es que las autoridades comprendan las situaciones de alta vulnerabilidad que enfrentan los jornaleros, para así cumplir con sus obligaciones internacionales de protección.

Para erradicar la explotación laboral de jornaleros agrícolas, exhortó al Gobierno mexicano a ratificar el Protocolo sobre Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lo obligaría a prevenir y eliminar dicha práctica. El organismo urgió a atender la explotación laboral de los jornaleros con el mismo nivel de acción que la explotación sexual de mujeres en bares u hoteles.

“Inspeccionar un campo agrícola y ver a un hombre o mujer trabajando en condiciones indignas, peligrosas, bajo amenazas de retención de sueldos, tendría que tener el mismo nivel de acción y respuesta por parte de las autoridades que el encontrar a una mujer víctima de trata de personas en los operativos implementados en algún bar u hotel”, indicó el ombudsman. (Reforma)

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