Desecha SFP reporte de auditorías a Sedesol

El grupo parlamentario del PAN en el Senado exigió la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, para que explique las razones por las que esa dependencia desechó las 64 quejas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre irregularidades detectadas en la aplicación de diversos programas sociales.

Se trata de una sofisticada y compleja red de corrupción y simulación para desviar 2 mil 130 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles. La titular de la SFP debe explicar por qué desechó investigar y sancionar a los servidores públicos responsables de ese ilícito, advirtieron los senadores Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo Appel.

En un escrito que presentarán ante el pleno la próxima sesión, resaltan que las 126 empresas fantasma que la SFP detectó están involucradas en los desfalcos, se dedican a actividades distintas a los servicios para las que fueron contratadas, no tienen un domicilio real, están representadas por un mismo apoderado legal y presentan una situación fiscal irregular.

A pesar de eso, llama la atención que el área de quejas del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol “se haya tomado la libertad o la atribución, al parecer sin consulta previa, de desechar este número importante de expedientes bajo el discutible argumento de que ‘faltaban elementos para sancionar’”.

Los senadores hacen notar que resulta extraño que este rechazo a proceder en contra de quien resulte responsable se diera entre 2015 y 2016, periodo en el cual esta dependencia federal tuvo en el OIC a cinco diferentes titulares y a cargo de la Sedesol estaba José Antonio Meade, situación a todas luces anómala, irregular y sospechosa, por decir lo menos.

Detallaron que una de las empresas vinculada con estos hechos es la denominada Comercializadora Devolviendo Confianza, la que al parecer obtuvo contratos por 224 millones de pesos; no obstante, es considerada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como sospechosa de lavar dinero.

Eso es grave, insistieron, y confirma el hecho de que de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Mexicana nuestro país ocupa el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20 en el combate de este flagelo, expusieron.

Lamentaron que aunque infinidad de hechos de corrupción son denunciados una y otra vez en todos los medios de comunicación, Arely Gómez no haga nada por cumplir su obligación de combatir los ilícitos cometidos con recursos públicos. (La Jornada)

 

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