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En el primer trimestre del año, previo al blindaje electoral que inició el 30 de marzo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), incrementó el gasto e intensificó la afiliación masiva de beneficiarios así como el nombramiento de vocales de Prospera, advirtieron especialistas.
Integrantes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza externaron ayer su preocupación sobre el uso de la estructura del también llamado Programa de Inclusión Social para la compra del voto. “No pasa desapercibido que, en enero y febrero, se han intensificado las reuniones del titular de Sedesol con beneficiarias y promotoras del programa Prospera, Liconsa, Diconsa y Comedores Comunitarios”, alertó Alberto Serdán, coordinador de la red de 60 organizaciones civiles.
Las vocales del programa Prospera, quienes son elegidas por los beneficiarios como sus representantes ante la contraloría social, sirven como primer enlace con la Sedesol, en particular para transmitir quejas o denuncias en periodo electoral. “Se trata de un modelo de criminalización de la pobreza. Ya no son los servidores quienes pueden tener una sanción, sino los servidores instigan a las beneficiarias y vocales de Prospera para que ellas generen la conducta delictiva”, acusó el ex fiscal electoral, Santiago Nieto, al presentar la plataforma Democracia Sin Pobreza.
Señaló que en el proceso electoral de 2017, el 57 por ciento de las denuncias por condicionamiento de programas estuvo enfocado a las vocales o beneficiarias de Prospera. En entidades como Chiapas, donde la mayor parte de la población en pobreza cuenta con Prospera, aseguró, la movilización de beneficiarias puede influir en los resultados electorales.
“Hay que medir el padrón electoral respecto a los padrones de beneficiarios de los más de 6 mil programas que pueden ser utilizados con fines electorales”, aseveró. “El problema no está en las casillas, no están el cómputo de los votos, sino en cómo llegan votos a las urnas”. Según los especialistas, en enero y febrero de este año, el gasto de Sedesol fue 21 por ciento más alto que el año anterior; el de Diconsa aumentó 31 por ciento, y Prospera gastó 78 por ciento más que el febrero pasado.
“Se puede argumentar que están adelantando los pagos porque es época electoral, porque se suspenden los pagos, pero las reglas de operación dicen que se suspenden 15 días naturales antes del día de la elección. No hay justificación para este incremento”, explicó Serdán. El gasto de Protección Social, que contiene recursos para programas como la Pensión para Adultos Mayores, es 492 por ciento superior.
En el Gobierno federal en general, el gasto es 141 por ciento mayor al registrado el año pasado, y la mayoría es para el rubro de materiales y suministros. La red de organizaciones lanzó la plataforma digital www.democraciasinpobreza. mx, donde los ciudadanos podrán denunciar el uso electoral de programas sociales. (Reforma)