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Aunque ha habido logros en estos temas para beneficio de las comunidades indígenas, la nueva ley generaría retrocesos, explicó Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. “La ley forestal reconoce derechos sobre tierras y recursos de plantas y servicios de la biodiversidad; mientras ésta reconoce a los pueblos indígenas como titulares de esos derechos, la Ley General de Biodiversidad señala que estos recursos son propiedad de la nación, es decir, hace difuso el derecho y da paso a que el gobierno otorgue concesiones a intereses privados”.
De acuerdo con David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, la ley se perfila como un instrumento que potenciará la explotación de los recursos naturales y biodiversidad, lo cual transgrede el principio mismo de conservación, vulnera la soberanía del país y violenta el derecho humano de los pueblos indígenas, a quienes jamás se consultó. “No lo hicieron y ahora pretenden aprobarlo en fast track, lo cual violenta a los pueblos indígenas, pero también a todos los mexicanos”.
Ruiz enfatizó que la actual Ley General de Biodiversidad beneficiaría a la industria biotecnológica, farmacéutica, cosmética y alimentaria, mediante la apropiación y explotación de los recursos naturales, y además legaliza la “biopiratería” para que terceros se apropien del conocimiento de los pueblos indígenas. Adicionalmente, abre la posibilidad de aprobar la tala inmoderada y extracción de hidrocarburos, así como de la minería en zonas protegidas. “Esta ley, como está articulada, provocará diversas controversias inconstitucionales y no permitirá avanzar en el cuidado de la biodiversidad”. Por lo tanto, los representantes de la sociedad civil exhortaron a los legisladores a reconsiderar la aprobación de esta ley y se haga un proceso de reingeniería y consulta pública.
“Los diputados —encabezados por Arturo Álvarez Angli (PVEM), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados— trataron de aprobar esta iniciativa el pasado jueves 22 pero no tuvieron quórum. Ahora, amenazan con intentar de nuevo el ‘albazo’”, dijo Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida y quien vincula el avance de esta ley con los intereses del Grupo Salinas, involucrados en sectores energéticos y mineros.
“La semana pasada estuvimos con la Comisión de medio ambiente, verificando que los propios diputados del PRI, que estaban tomando su puesto como suplentes, desconocían la iniciativa. Firmaron de inmediato.
“Seguiremos vigilantes del proceso porque esta ley es inconstitucional puesto que pasa por encima del artículo 27 y porque es regresiva con todo lo que se ha avanzado en materia ambiental. Confiamos además en que la sociedad se involucre cada vez más y se realice una consulta amplia que nos incluya a todos”. (Crónica)