El costo social de la corrupción

Marco Antonio Ortiz Salas*

En el portal de Coduc en Línea hemos dado seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a la Sedesol sobre el presupuesto ejercido en los años 2014 y 2015, periodo en el que estuvo al frente de la dependencia Rosario Robles. La revisión de las cuentas arrojó irregularidades en el manejo de 3 mil 578 millones 875 mil 500 pesos, así como observaciones de sobreprecios en pagos de servicios y desvío de recursos públicos.

Sobre los contratos que la Sedesol firmó entre 2014 y 2015, con las instituciones de educación superior, se estableció que éstas no lograron acreditar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de lo que se deriva el incumplimiento de la funcionaria a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las auditorías forenses D17002, D17012 y D17011 dan cuenta de la subcontratación de empresas para la realización de los servicios solicitados, las que no existen en los domicilios fiscales proporcionados o mantienen un giro distinto al contratado. La ASF presume que hay un esquema perfectamente organizado para robar miles de millones de pesos de recursos públicos. Es un “Cartel para engañar y robar”, calificó el periodista Carlos Loret de Mola, citando a un funcionario de la ASF.

En sus observaciones, el órgano de fiscalización sostiene que la justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor.

“La corrupción altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría”, dice el documento.

En la CODUC hemos denunciado en diversos foros los circuitos de corrupción al interior de las dependencias vinculadas con el sector rural; Sagarpa y Sedesol como ejemplos visibles de la impunidad con que operan las autoridades en el desvío del presupuesto destinado a los más pobres de México.

Los beneficiarios de los programas sociales son los estratos más vulnerables del país y, al no recibir los recursos del subsidio, carecen de la oportunidad de incrementar la producción y la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de la cadena productiva, inversión en capital físico, humano y tecnológico y uso sustentable de los recursos naturales, lo cual afecta en la práctica el acceso a los derechos sociales.

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de campesinos exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. En CODUC estamos en pie de lucha porque la impunidad no sea el signo de este gobierno.

*Secretario General del CEN de CODUC

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