La ambigua Ley General de Biodiversidad

Eduardo Cota Osuna*

En diciembre pasado, el Senado de la República aprobó la Ley de Biodiversidad, presentada por el Partido Verde Ecologista de México. La iniciativa ha sido criticada por ambientalistas debido a que abre la puerta a la privatización de los recursos naturales y no prohíbe de manera expresa la minería en áreas naturales protegidas.

Y si bien se da contexto nacional al Protocolo de Nagoya, no expresa cómo se hará la regulación de los recursos genéticos para evitar que estos sean privatizados de manera injusta. El documento tampoco asegura que sean las comunidades quienes tengan la potestad de los bienes naturales.

Antecedentes

Esta Ley está fundamentada en el Convenio Sobre la Diversidad Biológica (CDB) que entró en vigor 29 de diciembre de 1993. Como instrumento global en la promoción de la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable del capital natural es un instrumento jurídico de corte Internacional, multilateral y legalmente vinculante a la legislación mexicana.

El CDB está integrado a dos protocolos:

1.- Protocolo de Cartagena.

El objetivo de este Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados, resultantes de la biotecnología moderna que pudieran tener efectos adversos en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, sin soslayar los riesgos para la salud humana.

México firmó el Protocolo de Cartagena el 24 de mayo del 2000 y lo ratificó el 27 de agosto de 2002.

2.- Protocolo de Nagoya

El objetivo de este Protocolo es fijar un marco de referencia para asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, lo que contribuye a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad.

México firmó el Protocolo de Nagoya el 25 de febrero de 2011 y el 16 de mayo de 2012 depositó el instrumento de ratificación convirtiéndose en el quinto país en ratificarlo y el primer país megadiverso.

Postura de la CODUC ante la ley de Biodiversidad

Manifestamos nuestra inconformidad a la Ley de biodiversidad, por no beneficiar a los pescadores, comunidades rurales e indígenas; estos últimos, como pueblos originarios, tienen toda una vida esperando que se les reconozca el derecho al uso y disfrute de sus territorios ancestrales. Al no haber sido consultados sobre esta iniciativa, que pone en riesgo la conservación del patrimonio natural y cultural de México, se viola lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Además, y conociendo los resultados que arrojaron las reformas estructurales que el gobierno mexicano implementó, estamos sumidos en la pobreza y abandono por decisiones erróneas de los legisladores, con reformas que solo han beneficiado a unos cuantos grupos de poder que tienen dominado al País con acciones corruptas, que despojan a los mexicanos de las riquezas de la Nación.

Estamos seguros que esta ley no será la excepción, dados los antecedentes negativos en el hacer de quienes nos dicen representar, me refiero a las  reformas estructurales, laborales, educativa, energética, la modificación al sistema legal mexicano con los juicios orales en materia penal, civil, mercantil, laboral, y el estado de abandono y desprestigio de los entes de impartición en materia agraria, olvidados en la corrupción rampante de servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno.

Establecemos, que aquí podría aplicarse la teoría de “La fruta del árbol envenenado”; si usted come una fruta de dicho árbol seguramente perecerá porque sus frutos estarán envenenados también, así con el gobierno mexicano y legisladores todo lo que provenga de ellos estará sujeto a pensar que es una mentira o afectará en vez de contribuir positivamente en la calidad de vida de las gobernados.

La finalidad de esta ley es otorgar amplias facultades a la SEMARNAT reformando el marco jurídico aplicable en un solo instrumento regulado por la misma Secretaría, como es el caso de la Ley de Vida Silvestre que queda abrogada al entrar en funciones esta LGB.

En el caso particular de Baja California, en boca de pescadores y permisionarios del Océano Pacifico y Golfo de California, donde prácticamente los pescadores y sus familias están en peligro de extinción, por la protección de la vaquita marina, porque para el gobierno primero está la salvaguarda de las especies marinas que los mismos Pueblos Originarios, como es el caso de los Cucapá, quienes prácticamente están destinados a su desaparición total. Ya no díganos de los pescadores originarios en todo lo largo y ancho del Mar de Cortés.

Los pescadores, ejidatarios, comunidades de pescadores e indígenas nativos y migrantes afiliados a CODUC, expresan su profundo rechazo a dicha ley, por el temor de perder su patrimonio y sustento derivado de la pesca y los recursos naturales de la Zona, por las mismas razones, la desconfianza y la poca certeza del cumplimiento a carta cabal del protocolo de Nagoya, Cartagena, y el propio Convenio Biodiversidad, consideramos que es una Ley de Biodiversidad a modo  para los grandes latifundistas, mineros e intereses extranjeros.

*Comisionado de Pesca del CEN de CODUC

 

 

 

 

 

 

 

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