La agenda campesina para el Congreso

Refugio Quintana Vera*

A partir de 1982, se impuso en México el modelo neoliberal que, bajo una pretendida “modernización,” desmanteló todos los instrumentos de apoyo y fomento al campo, dejando la conducción económica a cargo de los mercados.

La reforma al Artículo 27 de la Constitución en 1991 canceló la reforma agraria y los derechos de los campesinos a la tierra, reconociendo el derecho al capital extranjero, para renta y compra de tierras. Hoy se habla de cerca de 56 millones de hectáreas concesionadas y vendidas a empresas extranjeras, principalmente mineras.

Asimismo, desde su puesta en marcha, hace 24 años, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha provocado un desmantelamiento del sistema productivo agrícola de México mediante políticas que dejan a millones de campesinos pobres sin el respaldo de las autoridades y que acentúan la dependencia alimentaria del extranjero.

A poco más de 30 años de vigencia del modelo neoliberal, es evidente que México atraviesa por uno de sus peores momentos. Hay una crisis que abarca el ámbito económico, político y social, causando una pobreza generalizada y una creciente desigualdad, que son las grandes asignaturas pendientes, sobre todo en el sector rural, con una mediocre economía que ha provocado:

  1. a) Un rápido desplazamiento de la producción nacional por productos y servicios importados.
  2. b) Una violenta ruptura de las cadenas productivas del país y su conversión en centro maquilador.
  3. c) La disminución del ingreso y la capacidad de compra de la población.
  4. d) La transformación del sistema financiero, que dejó de ser motor de desarrollo y pasó a ser lastre especulativo.

La renuncia del Estado, a ser rector  prácticamente de todas sus actividades económicas, trajo como consecuencia la aplicación de políticas rurales compensatorias con sesgo empresarial y excluyentes de la mayoría de los habitantes y productores del campo, quienes son objeto sólo de políticas asistenciales; pérdida sustancial de una política de Estado para el desarrollo integral y sustentable del campo mexicano, que responda a las necesidades de crecimiento económico del país y dependencia alimentaria creciente.

Hoy se importan el 45% de los alimentos que consumimos; hay incremento de la pobreza, el desempleo, la migración y la desigualdad; limitación al desarrollo del mercado interno; ausencia del crédito; gasto público orientado a un pequeño grupo de empresas y productores altamente capitalizados; profundas desigualdades en el desarrollo regional y la adecuación de todo el marco jurídico al servicio de este modelo neoliberal.

Con la modificación de todo el marco legal, incluidas las reformas estructurales peñanietistas de los últimos años, se rompió el pacto social que derivó de la Constitución de 1917, por lo que es urgente, para garantizar la gobernabilidad del país, la reorientación de las políticas públicas hacia el campo y una nueva relación del Estado y del gobierno con el movimiento campesino, en la que haya transparencia, eficacia y rendición de cuentas.

La atención y eliminación de las grandes desigualdades, el hambre y la pobreza rural; la reducción de la alarmante dependencia alimentaria; la protección y la preservación de los recursos naturales y la transformación de las pequeñas unidades productivas, en entes que garanticen la soberanía alimentaria sólo será posible si se abren espacios para la participación política en las Cámaras de Diputados y Senadores de quienes verdaderamente representan los intereses de la población rural y trabajadores del campo y la ciudad.

Se requiere, hoy más que nunca, impulsar desde el Congreso de la Unión, un nuevo pacto que tenga como objetivo central la autosuficiencia y soberanía alimentaria, en el que los hombres y mujeres del campo mexicano sean el sujeto principal del desarrollo rural.

Se requiere de liderazgos campesinos auténticos, con capacidad y experiencia para hacer escuchar la voz de quienes han estado sometidos durante décadas a las inflexibles reglas del mercado que los ha condenado a la pobreza creciente y a la subsistencia.

Por la importancia estratégica del sector rural, en la próxima legislatura deben estar las voces de liderazgos campesinos verdaderamente comprometidos con las causas del campo; con la determinación de impulsar una agenda campesina que reoriente el gasto público y elimine los subsidios y beneficios a las grandes empresas nacionales,  transnacionales, y monopolios, que concentran la producción y comercialización en el mercado, acumulando grandes ganancias, con las especulación de alimentos y su encarecimiento.

En un escenario donde el fracaso de la política pública hacia el campo pone en riesgo la gobernabilidad y la seguridad nacional, se deben abrir las puertas del Congreso a dirigentes que han acreditado sus liderazgos en la lucha diaria por la defensa de los derechos de campesinos, indígenas y trabajadores urbanos.

Es el caso de quienes conforman el Frente Auténtico del Campo, único movimiento independiente que ha sido contrapeso al autoritarismo y negligencia de las autoridades por su capacidad de movilización y sus propuestas claras para reorientar las políticas públicas del sector rural.  Independientemente de que lleguen al Congreso como representantes populares, quien asuma la Presidencia de la República, en diciembre de este año, estará obligado a negociar con las organizaciones del FAC la agenda del campo.

* Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de CODUC

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