Sagarpa no acredita destino de 445 millones de pesos para cafeticultores

A través del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, -componente Procafé e Impulso  Productivo al Café-, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ejerció recursos por un total de 1,212 millones 917.8 miles de pesos.  De los mismos, alrededor de 445 millones de pesos fueron entregados sin cumplir con la normatividad, se indica en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.

El informe particular de la fiscalización de la cuenta pública de 2016 destaca pagos injustificados realizados a diversos beneficiarios del concepto de apoyo de infraestructura, equipamiento e insumos del componente PROCAFE e Impulso Productivo al Café, ya que realizaron pagos a jornales y proveedores que no se encuentran dentro del portafolio autorizado por la SAGARPA; diversas facturas canceladas; reintegros pendientes de apoyos entregados a beneficiarios; falta de documentación justificativa y comprobatoria del concepto de adquisición de semilla certificada de variedades resistentes a la roya del cafeto para su distribución entre productores.

Asimismo, falta de documentación justificativa y comprobatoria del concepto de apoyo adquisición y establecimiento de plantas producidas en viveros acreditados y con material genético certificado por la autoridad competente; y falta de reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos no erogados.

Los productores se encuentran en las zonas más marginadas del país, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. De acuerdo con la ASF se analizó 60 por ciento de los mil 212 millones de pesos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, en su componente Procafé y Plan Integral de Atención al Café por concepto de infraestructura, equipamiento e insumos, establecimiento de viveros, paquete tecnológico y gestión de proyectos.

En sus observaciones la ASF indica que la justicia social como principio fundamental para el desarrollo individual y colectivo garantiza una vida digna que permita la realización del individuo y su vinculación a la sociedad. Sin embargo, la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor.

La corrupción, señala el documento, altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría.

 

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