Despojo territorial y criminalización social

Francisco López Bárcenas

Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, en Gómez Palacio, Durango. Son tan sólo tres ejemplos de que la criminalización de la protesta social por parte del gobierno sigue adelante contra todos aquellos que se opongan a sus políticas de despojo y depredación de los recursos naturales.

La agresión contra los miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske sucedió la noche del domingo 4 de marzo, al filo de las 19 horas, en una zona conocida como La Cumbre, cercana a las inmediaciones del entronque de la carretera Interserrana, que conecta a Cuetzalan con Teziutlán.

El 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto Chemours Laguna, el cual comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, granaderos estatales y municipales reprimieron y detuvieron a varios de los protestantes. Lejanas geográficamente y protagonizadas por actores sociales diversos, la criminalización de la protesta social guarda muchos rasgos en común. En los tres casos se trata de organizaciones y movimientos sociales que resisten la instalación de megaproyectos en sus territorios y el despojo de sus recursos naturales; las dos primeras con décadas de resistencia. Esa podría ser una razón que explicara la agresión. Pero puede ser otra: enrarecer el panorama político, sembrando el miedo entre la sociedad para que aquellos que piensan se inmovilicen y no salgan a votar en las elecciones de julio próximo. (La Jornada)

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